El empresario venezolano Luis Mariano Rodríguez Cabello es uno de los protagonistas de la red que desvió 2.000 millones de dólares (unos 1.805 millones de euros) de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la empresa estatal del país sudamericano. Según las investigaciones, Rodríguez Cabello actuó como testaferro de Diego Salazar, primo del exministro de Petróleo y expresidente de Pdvsa, Rafael Ramírez, y movió 1.144 millones de dólares en 11 cuentas opacas en la Banca Privada d’Andorra (BPA).
Un perfil enigmático y una empresa fantasma
Rodríguez Cabello, de 58 años y nacido en Caracas, se presentaba como el presidente de Inverdt Asesores de Negocios, una compañía dedicada a la búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas. Sin embargo, esta empresa era solo una fachada para ocultar el origen ilícito de los fondos que recibía por parte de Salazar, según un reporte de expresa.se.
En 2017, Salazar fue detenido en Venezuela por su implicación en el saqueo de Pdvsa y se reveló que Rodríguez Cabello era su operador personal en Andorra, donde abrió varias cuentas a nombre de sociedades offshore registradas en Panamá, Belice, Islas Vírgenes Británicas y Holanda. Una sola cuenta llegó a recibir casi 180 millones de dólares procedentes de empresas chinas que se beneficiaron de la emergencia eléctrica declarada en 2010 por el gobierno venezolano.
Un socio familiar y un destino incierto
Rodríguez Cabello no solo era socio de Salazar, sino también familiar. Estaba casado con Marjorie López López, prima del exministro Ramírez, quien también está solicitado por la Interpol por su presunta responsabilidad en el desfalco a Pdvsa. Ambos disfrutan actualmente de su fortuna en Europa, aunque algunas fuentes sitúan a López López en República Dominicana.
Marjorie López López
En 2015, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela quiso interrogar a Rodríguez Cabello para que aclarara cómo había sobornado con 80 mil dólares a autoridades venezolanas para que frenaran las investigaciones sobre sus negocios turbios.
De Rodríguez Cabello hay pocos datos públicos. En Internet solo aparecen algunas referencias a una sociedad que tuvo en 2010 con domicilio en Caracas y Nueva Zelanda, y una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia por un juicio por cobro de bolívares. También se sabe que es oriundo de Caripe, estado Monagas, que nació el 6 de diciembre de 1965 y que cotizó por la empresa Reinsurance Consulting C.A. Según el Registro Electoral, votaba en la Unidad Educativa Santo Tomás de Aquino, en Chacao, Caracas y residía en la exclusiva urbanización Campo Alegre. Se asegura que Rodríguez Cabello posee más de 100 apartamentos en Dubái.
Fachada
Luis Mariano Rodríguez Cabello es un empresario y contador público venezolano que preside Inverdt Asesores de Negocios, una empresa que se dedica a la “búsqueda de proveedores y alianzas estratégicas”. Pero detrás de esta fachada se esconde un actor clave de la red que desvió 2.000 millones de dólares [unos 1.805 millones de euros] de la principal empresa estatal de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
Rodríguez Cabello, de 58 años y nacido en Caracas, actuó como testaferro de Diego Salazar, primo del exministro de Energía, expresidente de PDVSA y exembajador en la ONU, Rafael Ramírez. Salazar es uno de los cabecillas políticos de la trama, junto con los ex viceministros de Energía chavistas Nervis Villalobos y Javier Alvarado. Estos cobraban un 10% de comisión por facilitar las adjudicaciones del gigante energético a empresas extranjeras.
Para ocultar el origen ilícito de los fondos, Rodríguez Cabello abrió 11 cuentas opacas en la Banca Privada d’Andorra (BPA), donde la red escondió su botín. Según un informe confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (Uifand) al que ha tenido acceso EL PAÍS, el empresario movió 1.144,6 millones de dólares entre 2007 y 2015. Solo una cuenta figuraba a su nombre y el resto a nombre de sociedades instrumentales panameñas.
Un tinglado opaco con fondos procedentes de China
La cuenta que más dinero movió fue la titularidad de Highland Assets Corp, una sociedad offshore registrada en Panamá. A través de esta cuenta, Rodríguez Cabello ingresó 616 millones de dólares procedentes de varias ingenierías chinas que se hicieron con contratos del sector eléctrico venezolano. Entre ellas, destaca Sinohydro Corporation Ltd, que fue adjudicataria de dos fases de la planta termoeléctrica La Cabrera en el Estado venezolano de Aragua. La obra se inauguró en 2014 y costó 603 millones.
Estas transacciones se enmarcaron en el denominado Gran Volumen, un acuerdo de 20.000 millones de dólares sellado en 2010 entre Venezuela y China que permitió a empresas del gigante asiático acceder a proyectos del país latinoamericano. El grupo corrupto aprovechó presuntamente el tratado para hacer caja.
Desde esta cuenta, Rodríguez Cabello también transfirió fondos a otros miembros de la red y a sus gastos suntuarios. Por ejemplo, envió 10 millones en 2009 a un depósito en Suiza a nombre de Omar Farías, magnate venezolano de los seguros imputado en Andorra por pertenecer a la trama. Además, pagó facturas por valor de 604.034 dólares del hotel Four Seasons George V de París entre 2009 y 2010, donde Diego Salazar habría disfrutado de las estancias en este lujoso establecimiento con vistas a la Torre Eiffel y tres restaurantes con cinco estrellas Michelin. También costeó facturas de 307.889 dólares en la tienda francesa de vinos Lavinia y de 553.923 dólares en el hotel Ritz.
Un papel capital en la mecánica de blanqueo
Otra cuenta que manejó Rodríguez Cabello fue la titularidad de Antigua Omega, otra sociedad panameña. Esta cuenta cobró 217,7 millones entre 2008 y 2012. La mayor parte del dinero procedía de las compañías aseguradoras CGA LTDA INC (203,7 millones) e ISB Sociedad CS, SA (14), una firma representada por Farías y el propio Rodríguez Cabello. Estas empresas habrían obtenido contratos con Pdivc, filial aseguradora de PDVSA.
El testaferro indicó a la BPA que desde esta cuenta transfirió 3,3 millones en 2008 al International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), organismo del Banco Mundial que lucha contra la pobreza, para adquirir un local en Venezuela de la institución financiera.
Rodríguez Cabello también recurrió a otra de sus cuentas opacas en la BPA, la titularidad de DT Investment and Consulting CV, para cobrar 9,5 millones de la asiática China Machinery Engineering Corp. Fue en 2012 y el dinero correspondió a una comisión por una planta eléctrica con capacidad de 241.335 KW en Zulia (Venezuela). Su red percibió “el 5% del importe total del proyecto menos impuestos”, según justificó el testaferro al banco.
Rodríguez Cabello fue la pieza de un alambicado mecanismo de ocultación, según los investigadores. A través de una treintena de sociedades con tentáculos en paraísos fiscales como Suiza o Belice, fluyó el caudal de fondos de su organización que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta 2017 por el secreto bancario.
Un testaferro acompañado
El testaferro no estuvo solo en su madeja financiera en la BPA. Rodríguez Cabello figuró como representante en uno de sus depósitos con la venezolana originaria de España Estíbaliz Basoa, de 50 años. Su cuenta ingresó 6,4 millones.
Asimismo, el ingeniero caraqueño José Enrique Luongo, de 69 años, acompañó al testaferro en una de las cuentas que ingresó 21 millones.
En la treintena de procesados en Andorra, entre los que se encuentran Basoa y Luongo, destaca el que fuera viceministro de Energía y Petróleos de la primera etapa del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013), Nervis Villalobos, que, a través de una decena de depósitos, movió en el país europeo 124 millones.
Arrestado en Madrid por una causa distinta del expolio de PDVSA,, Estados Unidos pidió su extradición temporal, pero no fue autorizada. La Fiscalía de Venezuela sitúa al exjerarca como cabecilla de una organización a la que también perteneció Javier Alvarado, el que fuera todopoderoso ex viceministro de Energía y Petróleo y director entre 2007 y 2010 de la también estatal Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Alvarado manejó 46 millones en el Principado pirenaico a través de un alambicado entramado financiero.
El ministerio público de Venezuela eleva el saqueo de PDVSA a 4.200 millones de dólares.
La juez de Andorra que instruye la causa también ha procesado a una decena de exdirectivos y exempleados de la BPA, la entidad financiera del pequeño país europeo elegida por la red para ocultar su botín. El banco fue intervenido en marzo de 2015 por un presunto delito de blanqueo de capitales. Según los investigadores, abrió decenas de cuentas a la trama sin advertir la condición de sus miembros de Personas Políticamente Expuestas (PEP), personalidades que, por sus vínculos con la Administración, deben someterse a un control especial para prevenir el blanqueo de capitales.
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