El Ministerio Público de Venezuela presentó ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas, con competencia en Corrupción y Delitos Asociados, una solicitud de juicio para 22 personas que estarían involucradas en una red de corrupción que desfalcó a la estatal petrolera Pdvsa y a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
Según el escrito, estas 22 personas formaban parte de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos, que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Sunacrip y a particulares, sin ningún tipo de control”.
El monto del desfalco asciende a $5.550.544.290,74, según los datos proporcionados por la Fiscalía, que se basó en la investigación realizada por la Policía Nacional contra la Corrupción, según el medio venezolano Últimas Noticias.
Los implicados
Entre los acusados hay 13 empresarios y nueve funcionarios públicos, que se dividieron en tres grupos para coordinar el desvío de los recursos provenientes de las ventas de petróleo asignado por Pdvsa, que no ingresaron a las arcas de la República, sino que se canalizaron a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
La Fiscalía señala como el líder de la red al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Pdvsa, quien ordenó construir una oficina “de forma irregular en Pdvsa-La Campiña”, llamada Unidad de Trabajo Especial, desde donde operaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo, “manejando información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podía ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros”, según el documento.
Los otros funcionarios públicos acusados son Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro; y Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, adscritos a la Sunacrip.
Los empresarios implicados son Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
La Fiscalía afirma que estos funcionarios y empresarios no registraban en las cuentas de Pdvsa los pagos por las asignaciones de estaciones de servicio y las cargas de crudo. En cambio, “las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo. De igual manera, este ciudadano (Pérez Suárez) autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el Sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano”, dice el escrito.
Otro caso
Además de este caso, la Fiscalía también pidió enjuiciar a Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, ex presidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista. Ambos son acusados de recibir sobornos para favorecer la liberación de Oswaldo Cheremos, supuesto socio del Tren del Llano.
En el escrito acusatorio también se menciona al diputado Hugbel Roa, quien habría actuado como intermediario entre los empresarios y Pérez Suárez.
Estas solicitudes de juicio forman parte de la operación Anticorrupción, iniciada por el sistema de justicia el 17 de marzo pasado, cuando se dictaron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales se materializaron 61 correspondientes a igual número de personas, presuntamente incursas en hechos de corrupción detectadas en el Poder Judicial, alcaldías, así como las empresas estatales Pdvsa, Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y Cartones de Venezuela (Cartoven).
La mayor cantidad de detenidos proviene o está vinculada con la industria petrolera, los cuales suman 41, según cifras ofrecidas en distintas ocasiones por el fiscal, Tarek William Saab.
De esos 61 privados de libertad, el Ministerio Público concluyó la investigación respecto a 22.
0 Comentarios