Una investigación periodística del programa televisivo dominicano N Investiga reveló que Karla María Moya Boada, una migrante venezolana que se presentaba como médico y cirujano plástico en República Dominicana, no tiene los títulos ni las habilitaciones necesarias para ejercer esa profesión.
Moya Boada era propietaria, junto a Ignacio Olivares González, de Ki Centro Médico Integral del Caribe, un consultorio ubicado en la avenida Independencia que ofrecía “servicios médicos estéticos, faciales y corporales”, según su registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) en febrero de 2011. Sin embargo, este centro no tenía registro mercantil ni estaba matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos.
Los servicios estéticos que ofrecía la falsa doctora
En su perfil de Instagram, Moya Boada se identificaba como “especialista en retiro de biopolímero facial, endolifting, armonización facial e incluso ofrece citas ginecológicas con servicios que van desde laser de rejuvenecimiento, estética intima, relleno de labios” y hasta «aumento del punto G”.
Otro de los servicios que prestaba era laserlipólisis, un procedimiento que consiste en una liposucción asistida por láser. Según la presidenta de la Sociedad de Medicina Estética de República Dominicana, Nathalie Díaz Lazala, este procedimiento es invasivo y solo debe ser realizado por cirujanos plásticos, reconstructivos y estéticos, lo cual no era el caso de Moya Boada.
Para comprobar esto, el equipo de N Investiga envió una infiltrada a consultar con la supuesta doctora sobre una liposucción. Moya Boada le explicó que usaba una fibra láser para emulsificar y licuar la grasa y luego la extraía con una cánula pequeña. Le recomendó hacerse una laserlipólisis en abdomen, flacos, cintura y piernas por 175 mil pesos dominicanos (unos 3.200 dólares estadounidenses), un precio que según ella estaba “en oferta”.
Los títulos falsos y las irregularidades de la falsa doctora
Moya Boada exhibía en su consultorio algunos certificados de cursos y congresos sobre medicina estética, pero no mostraba ningún título que la acreditara como médico o cirujano plástico. En una foto se observa un certificado de postgrado de la Universidad Central de Venezuela (UCV) en cirugía plástica reconstructiva, pero no figura en el libro de egresados de esa universidad.
Cuando la infiltrada le preguntó sobre su formación, Moya Boada respondió: “Yo soy médico venezolano. Hice mi posgrado allá y todo. En la Universidad Central”. Sin embargo, cuando fue entrevistada por la periodista Nuria Piera, no presentó ningún título y dijo que su expediente estaba en el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCYT).
Al contactar al MESCYT, indicaron que Moya Boada depositó un expediente con fotocopias de títulos en lugar de los certificados originales. Además, el logo del Ministerio de Educación Superior de Venezuela no era legible, entre otras anomalías que hacían dudar de la autenticidad de los documentos, por lo que solicitaron más requisitos, los cuales no presentó, y el proceso se quedó inactivo.
Moya Boada tampoco estaba colegiada en el Colegio Médico Dominicano ni poseía exequatur. Para ejercer la cirugía plástica en el país, se requiere ser egresado de medicina, tener dos años de formación en cirugía general y tres años de formación en cirugía plástica en una escuela reconocida por la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica y Reconstructiva. En el caso de los extranjeros, deben homologar y revalidar sus títulos.
Además, Moya Boada utilizaba el sello y la firma falsificada de la doctora Yamile Genara Diplan Vásquez, cuyo exequatur es 256-16, cirujana general y laparocospista. Dicha doctora negó haber autorizado el uso de su sello y dijo que Moya Boada era su compañera de trabajo en otro centro.
El cierre del centro médico y la necesidad de más controles
Luego de la visita de la periodista Nuria Piera, inspectores de la Dirección de Habilitación de Salud Pública acudieron al centro médico donde operaba Moya Boada y dispusieron su cierre por violación a la Ley General de Salud 42-01.
Este caso evidencia la necesidad de que el Plan Nacional de Verificaciones de Títulos se complemente con un enlace entre el Ministerio Publico, el MESCYT, Salud Pública y el Colegio Médico Dominicano, para que se investigue y se impida que personas que no pueden demostrar su aval ejerzan una profesión, sobre todo cuando involucra la salud.
Según un recurso de apelación de 2016 emitido por la Corte de Apelaciones Uno de Venezuela, Moya Boada se identifica como abogada de uno de los imputados. Pareciera que está más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica.
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