Por Haydée Riera
El campo petrolero, que forma parte de la cuenca Oriental y de la faja petrolífera del Orinoco, fue entregado sin haber realizado una licitación pública ni evaluación técnica, y sin el aval de la Asamblea Nacional, que es el órgano competente para autorizar los contratos de interés público nacional, según establece la Constitución venezolana.
Además, la entrega del campo violaría la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que prohíbe la cesión de los derechos sobre los yacimientos petroleros a terceros sin el consentimiento previo del Estado venezolano.
Un grave daño al patrimonio nacional
Las fuentes denunciaron que la entrega del campo petrolero representa un grave daño al patrimonio nacional, ya que se trata de uno de los activos más valiosos de la industria petrolera venezolana, que atraviesa una profunda crisis por la falta de inversión, el deterioro de la infraestructura, las sanciones internacionales y la corrupción.
Asimismo, alertaron que la entrega del campo pone en riesgo el medio ambiente y la seguridad de las comunidades aledañas, pues no se ha validado que el empresario beneficiado cuente con la experiencia ni con los recursos necesarios para garantizar una explotación responsable y sustentable del recurso natural.
Un silencio cómplice
Ante esta situación, las fuentes exigieron al Ministerio de Petróleo que aclare las condiciones y los términos bajo los cuales se realizó la entrega del campo, así como los beneficios económicos que obtendrá el Estado venezolano por este negocio.
También instaron al Ministerio Público a iniciar una investigación penal para determinar las responsabilidades civiles y penales de los funcionarios públicos involucrados en esta irregularidad, que calificaron como un acto de traición a la patria.
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