Las riquezas minerales de Guayana, una de las regiones más importantes de Venezuela, están siendo saqueadas por un grupo de empresarios corruptos que se aprovechan de su influencia y poder para obtener beneficios ilícitos a costa del sufrimiento de los trabajadores y el pueblo. Estos empresarios, encabezados por Jorge Luis Infante Laya, han creado una red de empresas de maletín que les permite controlar todos los procesos desde la exploración hasta la exportación de minerales estratégicos, evadiendo impuestos y pagando precios irrisorios a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), la empresa estatal que administra las industrias básicas de la región, reseñó El Publique.
El imperio de Jorge Infante
Jorge Luis Infante Laya es un empresario que desde finales de los años 80 ha estado vinculado a la CVG a través de empresas de maletín que fue creando para hacerse de jugosos contratos hasta crear la Corporación Jorin, que agrupa empresas destinadas a controlar todos los procesos desde exploración, explotación, procesamiento y distribución de importantes minerales a través de Ferrominera, donde goza de un poder que pareciera estar por encima de quien sea que nombren desde el ejecutivo nacional para la administración de la misma, según un reporte de 6tovision.com.
Jorge Infante, quien además ha sabido infiltrarse en las grandes cúpulas de poder que controlan el estado Bolívar, es privilegiado con contratos y compras de materia prima provenientes de la CVG a precio módico para luego ponerlos en montos exorbitantes en el mercado internacional por medio de sus socios Andrés Hernández y Gregory García Marín, quienes operan con empresas desde Panamá y mantienen estrecha relaciones con la empresa Ashley Global Shipping, propiedad de otro corrupto que viste de corbata llamado Gabriel Falendi.
Sus operaciones trianguladas van desde todo el proceso de exploración, explotación, procesamiento, comercialización y exportación con facturas muy por debajo del monto real que debería entrar a las empresas básicas, quedándose con cerca del 80% de las ganancias netas de cada operación y distribuyéndolas entre sus colaboradores a través de pagos paralelos en cuentas no oficiales en bancos internacionales y en efectivo.
El calvario de los trabajadores
Estas prácticas corruptas no solo afectan al patrimonio nacional, sino también a los derechos laborales y humanos de los trabajadores de las industrias básicas de Guayana, quienes han mantenido quejas, protestas y pronunciamientos a través de las redes sociales donde denuncian múltiples irregularidades aún no resueltas a pesar de la detención de su expresidente involucrado en graves hechos de corrupción, Pedro Maldonado.
Los trabajadores y obreros han denunciado ante las autoridades que pasaron hasta 20 semanas sin recibir pagos por sus labores, teniendo que hacer maromas para alimentar a sus familias. Además, han sido víctimas de acoso laboral, tráfico de material estratégico, impago a proveedores y constantes vejaciones por parte de estos personajes que creen ser los dueños del estado Bolívar y de la CVG.
Estas crueles prácticas no son nuevas, ya en el pasado un numeroso grupo de trabajadores y obreros denunciaron ante las autoridades que pasaron hasta 20 semanas sin recibir pagos por sus labores, teniendo que hacer maromas para alimentar a sus familias. Es increíble que un grupo que se encuentra saqueando a la empresa más rica de la región sea además capaz de poner en riesgo la vida de los trabajadores y sus familias.
Un llamado a la justicia
Ante esta situación, los trabajadores y el pueblo guayanés exigen una intervención urgente por parte del gobierno nacional para poner fin a esta corrupción que está acabando con las industrias básicas y el desarrollo económico del país. No es justo que un grupito como este maneje las riquezas de un estado mientras los trabajadores y el pueblo se comen un cable.
Es necesario que se investigue a fondo a estos empresarios y se les aplique todo el peso de la ley, así como que se recupere el dinero y los bienes que han robado al país. Asimismo, se debe garantizar el respeto a los derechos laborales y humanos de los trabajadores, así como el pago oportuno de sus salarios y beneficios. Solo así se podrá restablecer la paz y la prosperidad en Guayana y en Venezuela.
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