El Estado panameño se enfrenta a una demanda internacional por parte de Banesco Seguros, la filial panameña de Banesco Holding Latinoamérica, la matriz española del holding propiedad de Juan Carlos Escotet. La demanda se ha presentado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo adscrito al Banco Mundial que se encarga de resolver los conflictos entre los Estados y los inversores extranjeros.
La razón de la demanda, signada como ARB/23/41, es que el Estado panameño ha intentado cobrar a Banesco Seguros unas fianzas que le había otorgado a unas empresas privadas que contrataron con el Estado para ejecutar unas obras públicas. Sin embargo, esas empresas no concluyeron las obras, sino que cobraron el dinero y se marcharon, dejando al Estado con unas obras inconclusas y unas fianzas, que se otorgan en proporción al monto y al plazo de las obras contratadas, fianzas que luego ha pretendido cobrar a Banesco Seguros.
¿Un fraude concertado entre contratistas y funcionarios?
Todo parece tratarse de un fraude concertado entre las empresas contratistas y ciertos funcionarios del Estado panameño, que no ejercieron la debida contraloría ni fiscalización sobre las obras. El Estado debe basarse en una norma que establece un lapso de tiempo determinado para ejecutar las fianzas, plazo que sin embargo ya ha vencido cuando el Estado ha intentado cobrarlas, por lo tanto, el Estado panameño no puede pretender cobrar unas fianzas que ya no tienen validez legal ni contractual.
Además, ninguna de las instituciones encargadas de velar por los intereses del Estado, como la vindicta pública, actuaron oportunamente en este caso, sino que parecen haberse hecho de la vista gorda, permitiendo el fraude. Entre esas instituciones se encuentran la Contraloría General del país, la fiscalía, la procuraduría y el parlamento.
¿Un toque xenófobo contra Banesco?
Otro aspecto resaltante es un posible toque xenófobo contra Banesco, ya que algunos panameños piensan que Banesco Panamá y Banesco Seguros pertenecen a Banesco Venezuela y que Juan Carlos Escotet es un ciudadano venezolano. Sin embargo, eso no es cierto, pues Banesco Holding es una empresa española y Juan Carlos Escotet es un ciudadano español.
Por eso, Banesco Seguros ha decidido acudir a una instancia supranacional como el CIADI, donde espera obtener una indemnización por los daños causados por el Estado panameño. Además, se espera que la demanda ante el CIADI obligue al Estado panameño a abrir una investigación, por el fraude que cometieron empresas contratistas, en aparentemente contubernio con funcionarios públicos.
Las decisiones del CIADI son vinculantes y generan consecuencias para los Estados demandados. Por eso, Panamá puede verse en una situación comprometida ante Banesco Seguros y ante el Estado español, con el que tiene distintos compromisos.
Ejecución de fianzas extemporáneas
Banesco Holding Latinoamérica, la sociedad española que encabeza el grupo Banesco, y su filial panameña, han iniciado el arbitraje internacional contra Panamá alegando la violación del tratado bilateral de protección de inversiones entre España y Panamá de 1997. El grupo Banesco, propiedad de Juan Carlos Escotet, dueño de Abanca en España, ha presentado su reclamación ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), un organismo dependiente del Banco Mundial. La demanda fue registrada el pasado 8 de septiembre y se debe a la ejecución indebida de fianzas por diversas obras por parte de algunas entidades estatales panameñas.
Según fuentes conocedoras del litigio, las entidades estatales que han ejecutado las fianzas son el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Educación, entre otras. Estas entidades no supervisaron sus obras a tiempo, ni activaron sus mecanismos de reclamación frente a los obligados principales, y después de cinco años han exigido coberturas vencidas. Banesco Seguros Panamá, la empresa afectada por estas acciones, está impugnando dichas ejecuciones ante las instancias administrativas y judiciales panameñas, sin que esté obteniendo por el momento el amparo esperado.
Banesco alega que dichas acciones de ejecución de fianzas extemporáneas van en contra de la Ley 22 de 2006 que regula la contratación pública y pueden representar para Banesco Seguros Panamá pérdidas y gastos relevantes. La cuantía de la reclamación no ha sido hecha pública.
La Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea) lleva alertando desde hace unos años de este problema sectorial, que no afecta solo al negocio de seguros de Banesco en el país. Apadea denuncia la ejecución extemporánea de fianzas de cumplimiento de contrato y de aseguramiento de anticipos vencidas hace años, la exigencia de vigencia indefinida de los contratos de fianza y los cobros coactivos de fianzas sin aviso previo de reclamación, según EL PAÍS.
Apadea advierte del riesgo para la estabilidad de las empresas aseguradoras, el daño reputacional para el país y la posibilidad de perder el respaldo de las reaseguradoras internacionales que están involucradas en los casos, lo que pondría en riesgo los procesos de contrataciones públicas futuras del país. “Esto no hará nada más que poner de manifiesto la pobre percepción de seguridad jurídica que tenemos dentro y fuera de nuestro país, razón por la cual esperamos que esta lamentable situación sea dirimida antes de incurrir en importantes gastos para el Gobierno de Panamá y la empresa privada, pero más importante aún, que nos permita restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a nuestras leyes”, comentó hace unos meses la presidenta de Apadea, Gina Herrero, en declaraciones recogidas por la prensa local.
Otro frente legal para Panamá
La activación del litigio se produce tras no llegarse a un acuerdo con el Gobierno panameño, con quien se iniciaron negociaciones hace más de nueve meses. Para Panamá se abre así un nuevo frente legal en los arbitrajes internacionales. El principal es el que está abierto por el consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), en el que participa la española Sacyr, por las obras del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá.
En su informe anual de 2022, Sacyr cifraba las reclamaciones en un total de 3.427 millones de dólares. El experto independiente DFL Associate, contratado por GUPC, cifró en noviembre sus estimaciones tras analizar los diferentes casos y llegaba a la conclusión de que era “razonable esperar que se recuperen 1.824 millones de dólares, incluidas las cantidades cobradas. Hasta ese momento se habían recuperado 121 millones. La estimación del grupo Sacyr del valor recuperable de las reclamaciones presentadas por GUPC al cierre de 2022 ascendía a 446 millones de dólares, lo que representaba un 15% de las reclamaciones presentadas pendientes de resolución definitiva.
A mediados de mayo pasado, el ICC (Tribunal de arbitraje con sede en Miami, sujeto en este caso a la Ley panameña, que se rige bajo las normas de la Cámara de Comercio Internacional) emitió un laudo sobre el proceso de arbitraje de las compuertas. En él, por unanimidad, consideró que GUPC, participado en un 41,6% por Sacyr, tiene derecho a recibir 35 millones de dólares adicionales por las reclamaciones laborales a lo ya otorgado anteriormente por la junta de resolución de disputas. Sin embargo, aunque no de manera unánime, el tribunal no estimó la reclamación de GUPC por el rediseño de las compuertas de la ampliación del Canal, que el consorcio tuvo que llevar a cabo para adecuarlas al proyecto. Según el informe anual de la Autoridad del Canal de Panamá, el arbitraje de las compuertas ascendía a 639 millones de dólares.
Clifford Chance es la firma de abogados que representa a los demandantes de Banesco, mientras que Panamá se defiende a través de su Ministerio de Economía y Finanzas.
Un conflicto con Credicorp Bank que duró poco
El caso de Banesco Seguros no es el único conflicto que ha tenido Panamá con una institución financiera en los últimos días. El 8 de septiembre, el Gobierno panameño anunció una demanda de 600 millones de dólares contra Credicorp Bank por el caso Odebrecht, pero tres días después la retiró.
La demanda se basaba en que Credicorp Bank supuestamente se había concertado con los expresidentes Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli para participar en el fraude y los sobornos de Odebrecht en Panamá. Sin embargo, quizás debido a los compromisos del Gobierno de Laurentino Cortizo con Credicorp Bank, la demanda fue desistida.
Credicorp Bank publicó un comunicado para intentar lavar su imagen ante la demanda. En él se deslinda del tema de Odebrecht, a pesar de las pruebas que existen a nivel judicial dentro y fuera de Panamá, que involucran al banco con la trama corrupta.
Estos dos casos muestran la falta de transparencia y de justicia en Panamá, donde el Estado parece actuar en función de sus intereses y no de la transparencia.
El Ministerio de Seguridad Pública solicitó el pasado lunes 11 de septiembre de 2023 el retiro de la acción legal, que había sido presentada tres días antes.Credicorp Bank emitió un comunicado en el que confirmó que la demanda había sido retirada y que no tenía ninguna otra pendiente ni era parte de ningún proceso judicial relacionado con el caso Odebrecht.
En su comunicado, de fecha 11 de septiembre de 2023, Credicorp Bank señaló:
En la mañana de hoy ha sido retirada la acción civil que menciona a nuestra institución, con relación al caso contra Constructora Odebrecht S.A. Reiteramos que no existe ninguna demanda en contra de Credicorp Bank relacionada a este caso ni somos parte de ningún proceso judicial.
A lo largo de nuestra historia hemos actuado en estricto cumplimiento de nuestras obligaciones y gozado de la confianza y respaldo de nuestros clientes y colaboradores, lo cual constituye nuestro activo más valioso y que hacen de Credicorp Bank una de las instituciones bancarias más sólidas del país.
Credicorp Bank reitera su firme compromiso con las mejores prácticas bancarias, brindando el respaldo que requieren nuestros clientes y contribuyendo permanentemente con el desarrollo de Panamá.
Demanda basada en la conducta de dos "excolaboradores" del banco
Según el documento judicial, al que tuvo acceso el rotativo panameño La Prensa, el Estado panameño había demandado al banco como "tercero civilmente responsable por la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios por la conducta punible de los señores Humberto Javier de León y Eduardo Lucio Patrao, antiguos colaboradores de Credicorp Bank". Ambos habían llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Panamá por el caso Odebrecht y habían sido condenados a 60 y 48 meses, respectivamente, por el delito de blanqueo de capitales.
El retiro de la demanda contra Credicorp Bank no afecta a las otras acciones legales que el Ministerio de Seguridad Pública ha iniciado contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019), así como otros imputados por el caso Odebrecht, cuyo juicio está previsto para el 27 de septiembre, después de haber sido aplazado en julio pasado. El Estado panameño reclama a Martinelli una indemnización de 159 millones de dólares y a Varela de 30 millones de dólares, por los "daños materiales y morales causados al Estado" por su participación en la trama de sobornos de la constructora brasileña.
Entre los imputados por el caso Odebrecht en Panamá también se encuentran Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli, quienes admitieron en Estados Unidos haber movido 28 millones de dólares de sobornos de Odebrecht por "órdenes del padre". Por este hecho, fueron encarcelados en el país norteamericano. Sin embargo, al ser diputados suplentes del Parlamento Centroamericano, su proceso se llevará a cabo en la Corte Suprema y no en la Justicia ordinaria.
El Ministerio de Seguridad no ha revelado los detalles de las demandas civiles, pero ha asegurado en un comunicado que se procederá contra todos los implicados en el caso Odebrecht "en aras de velar por el reconocimiento y salvaguarda de los mejores intereses del Estado".
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