Un empresario venezolano se benefició de un fideicomiso bilateral entre Venezuela y Argentina para desviar fondos destinados a la remodelación de un frigorífico en el estado de Zulia. El proyecto, anunciado por el propio Hugo Chávez en su programa de TV "Aló Presidente", nunca se concretó y el dinero terminó en las cuentas personales del contratista, quien luego compró un centro comercial en Estados Unidos. Una investigación periodística revela cómo se fraguó este fraude.
Un negocio de USD 2.500 millones
En 2004, Hugo Chávez creó un fideicomiso con Argentina para vender combustibles de PDVSA a precios convenientes a cambio de alimentos y maquinarias enviados desde Buenos Aires. El negocio llegó a mover USD 2.500 millones y se presentó como una forma de garantizar la seguridad alimentaria en Venezuela, según Infobae.
Uno de los proyectos financiados por este fondo binacional fue la remodelación del frigorífico Fricapeca, ubicado en el estado de Zulia. En febrero de 2007, Chávez atendió el teléfono mientras conducía "Aló Presidente" y le ordenó a un funcionario militar que expropiara el frigorífico. Luego, miró fijo a la cámara y dijo: "Miren, el acuerdo con Argentina es muy importante, vamos a montar laboratorios genéticos en este frigorífico. Esto se abandonó aquí mucho tiempo, los productores no tuvieron apoyo de ningún gobierno. Nosotros ahora queremos ayudarlos a todos".
Una empresa fantasma
La remodelación del frigorífico costó USD 7,8 millones que salieron del fideicomiso bilateral. La empresa estatal venezolana CVA Leander Carnes y Pescados SA contrató a Baldric SA, una firma argentina sin experiencia, que había sido creada apenas meses antes mediante testaferros. El verdadero dueño de Baldric SA era el empresario venezolano José Domingo Correia Leca.
Baldric SA fue contratada por el Estado chavista para suministrar y montar equipos frigoríficos, pero el proyecto demoró años para ponerse en funcionamiento y, un lustro después de ese contrato, en 2013, apenas funcionaba a menos del 20% de su capacidad. Una investigación periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), de la que participó Infobae, logró demostrar que parte del dinero nunca se invirtió en el frigorífico y, en cambio, fue directamente a las cuentas personales de Correia Leca.
Un centro comercial en Orlando
Este empresario venezolano montó un entramado de sociedades en paraísos fiscales para mover los fondos y, años después, compró un centro comercial en Orlando, Estados Unidos, según pudo reconstruir esta investigación tras analizar informes secretos de la Unidad de Información Financiera (UIF), registros oficiales, documentos públicos y filtraciones periodísticas. A pesar de que la UIF, la AFIP, un banco y una financiera advirtieron sobre las maniobras sospechosas, la Justicia argentina archivó la investigación ante la falta de respuesta desde Venezuela.
El contrato millonario entre una empresa pública venezolana y una sociedad argentina sin empleados ni actividad previa desató las sospechas de las autoridades financieras. Se trata de una operación que involucra a un empresario chavista, una compañía fantasma y millones de dólares que fueron retirados en efectivo o enviados a paraísos fiscales.
La sociedad argentina se llama Baldric SA y fue creada en 2006 con el objeto de fabricar y exportar máquinas frigoríficas. Sin embargo, antes de firmar el contrato con Venezuela, no había realizado ninguna exportación ni tenía ningún empleado. Su domicilio legal era una oficina de alquiler temporario en Retiro, donde nadie sabía de su existencia. Su presidente era un joven de 25 años que vivía en una casa humilde cerca de la Villa Zabaleta y que confesó ser un prestanombre. Su antecesor y su madre habían hecho lo mismo con otras 40 sociedades.
Villa Zabaleta, el asentamiento donde vivía uno de los presidentes en los papeles de Baldric SA, Walter Domingo Serrano
El contrato con Venezuela
En 2008, Baldric SA firmó un contrato con CVA Leander Carnes y Pescados SA, una empresa pública venezolana, para proveerle máquinas frigoríficas por un valor de USD 4 millones. El dinero fue girado desde el fideicomiso bilateral entre Argentina y Venezuela, que se creó para financiar proyectos productivos entre ambos países. Sin embargo, las autoridades argentinas y venezolanas no verificaron la autenticidad de la empresa ni la trayectoria de sus directivos.
El verdadero dueño de Baldric SA era Correia Leca, un empresario venezolano vinculado al Gobierno chavista. Él fue quien recibió los giros del banco estatal Bandes de Venezuela en diciembre de 2008 y febrero de 2009. Pero en lugar de usar el dinero para cumplir con el contrato, Correia Leca retiró USD 2 millones en efectivo y trató de transferir otros USD 2 millones a entidades financieras de Miami. También movió el dinero entre sociedades en paraísos fiscales.
Los movimientos de fondos de Baldric SA llamaron la atención de la AFIP, la UIF, el Banco Macro y la casa de cambio Alhec Tours, que hicieron varios reportes de operaciones sospechosas entre 2009 y 2010. Estas entidades detectaron que Correia Leca había retirado más de la mitad del dinero en efectivo, que había intentado enviar fondos a Estados Unidos sin justificación económica y que sólo había aplicado al contrato alrededor del 25% del dinero recibido.
Extracto de uno de los Reportes de Operaciones Sospechosos (ROS) a los que accedió Infobae
La investigación judicial archivada
La UIF recopiló todos estos reportes en un informe que envió en 2017 a los tribunales de Comodoro Py, pero el expediente fue archivado en 2022, tras cinco años de investigación. La fiscalía consideró que era imposible proceder con la investigación ante la falta de respuesta de los exhortos enviados a las autoridades venezolanas, que requerían documentación sobre los involucrados en el expediente.
El Frigorífico Industrial de Carnes Perijá, conocido como Fricapeca, sí recibió las máquinas enviadas por “los argentinos”, según dijeron empleados a los periodistas venezolanos que participaron de esta investigación. Sin embargo, los consultados coincidieron en que la fábrica no estuvo en funcionamiento en el lustro posterior a la firma del contrato con Baldric, una situación que incluso reconocieron desde el gobierno de Venezuela.
El 26 de abril de 2013, el entonces ministro de Agricultura y Tierras venezolano, Yvan Gil, admitió durante una visita a las instalaciones en Machiques de Perijá que habían tenido varios retrasos. “El gobierno bolivariano se está comprometiendo a acelerar todos los trámites para la reactivación. Tenemos como meta que en cinco meses, el matadero comience a funcionar con un 25% de capacidad instalada”, dijo el ministro. Y agregó que esa reactivación sólo sería posible con la cooperación de Argentina, según consta en la gacetilla de prensa.
Las quejas por la paralización del frigorífico continuaron. Cumplido el plazo anunciado por el ministro y con la empresa paralizada, los trabajadores de Fricapeca y los vecinos del municipio de Machiques aseguraron que el retraso en los trabajos ponía en riesgo sus vidas. Alertaron que ante la inoperatividad del matadero, algunos productores de la zona empezaron a matar el ganado de manera clandestina, sin controles sanitarios.
En abril de 2014, el diputado Juan Bernardo Romero denunció presuntas irregularidades en el contrato con Baldric y pidió a la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional iniciar una investigación. A su juicio, el contrato “violaba las normativas vigentes”. Entre los documentos que entregó a la Comisión, había fotos de la fachada del domicilio legal de la empresa en Argentina, que no se correspondía con una fabricante de maquinaria. La investigación en la Comisión de Contraloría, que entonces era dominada por el oficialismo, no avanzó.
Casi una década después, en mayo de 2023, Fricapeca aún no estaba funcionando a toda su capacidad, según constató esta alianza periodística cuando visitó el frigorífico. El frigorífico seguía en manos del Estado, pero fue concesionado a una empresa privada hace poco más de un año. Amira Álvarez, gerenta general de la planta recordó que, cuando su empresa recibió la administración, las instalaciones estaban en condiciones bastante precarias, con muchas áreas paradas.
Tras retirar el dinero en Argentina, Correia Leca montó dos años más tarde una estructura legal mediante cuatro sociedades offshore registradas desde Hong Kong, pasando por la isla portuguesa de Funchal, conocida por sus ventajas fiscales, hasta llegar a Panamá. Pero detrás de toda esa trama aparecen como beneficiarios finales Correia Leca y su familiar, Joao de Leca Correia, según los documentos de Pandora Papers , una filtración del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El empresario venezolano registró Full Sino Industrial Ltd en Hong Kong, que es manejada por Amalixos SGPS Unipessoal SA (Portugal) y que, a su vez, era controlada por el fideicomiso Slippery Overseas desde Panamá.
Correia Leca informó a las autoridades de Hong Kong que Full Sino Industrial había sido constituida para comprar bienes en China y venderlos en América Latina, una operatoria que luego repitieron muchos de los empresarios argentinos que participaron del fideicomiso bilateral con Venezuela. Era todo ganancia: una vez que obtenían los contratos, compraban los productos baratos en China para, inmediatamente después, venderlos con sobreprecios a las empresas venezolanas. El fideicomiso les aseguraba que, sin riesgo alguno, recibían un adelanto del 60% del contrato incluso antes de que la mercadería saliera rumbo a Caracas.
“Full Sino Industrial comprará maquinaria pesada (para el sector de la industria alimentaria y el sector del transporte) y la venderá en Sudamérica. No es posible determinar las cantidades exactas, ya que se trata de una actividad en curso”, explicó Correia Leca. El estudio de abogados de servicios offshore Asiaciti le preguntó en el formulario de debida diligencia por el origen del dinero que manejaría esta sociedad: “Los fondos transferidos a la empresa proceden de las actividades empresariales y comerciales de los beneficiarios finales concretamente en Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Venezuela, en el sector de las materias primas y los productos alimenticios”, respondió Correia Leca antes de requerir la apertura de una cuenta bancaria.
La red de sociedades de Correia Leca también se extendió a Estados Unidos, el destino donde había querido invertir esos USD 2 millones desde Buenos Aires. El empresario venezolano compró en 2015 un pequeño centro comercial en Orlando, Florida, valorado en US$ 3,3 millones a nombre de la sociedad Bom Investments LLC, según consta en los registros públicos. Es una propiedad comercial donde funcionan cinco locales, desde una pinturería hasta una tienda de teléfonos celulares.
Correia Leca, el dueño de ese emprendimiento, sigue activo y sin consecuencias por las operatorias de Baldric. Mantiene tres sociedades vigentes en Estados Unidos, otras tantas en Portugal y Venezuela, según los registros revisados para esta investigación. Los vecinos de Machiques todavía esperan que la reactivación del frigorífico les dé trabajo y los saque de la pobreza. Correia Leca y los funcionarios que avalaron su contrato nunca han tenido que dar explicaciones ante la Justicia argentina ni venezolana.
Esta investigación fue realizada por una alianza periodística liderada por Transparencia Venezuela y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), con el apoyo del Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), Infobae y el sitio venezolano Tal Cual. Colaboración periodística de María Fernanda Sojo y Jesús Urbina.
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