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El retorno de las corporaciones a Cataluña, una de las claves del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts


El PSOE y Junts per Catalunya firmaron el jueves 9 de noviembre un acuerdo de investidura que incluye una propuesta para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron la ubicación a otros territorios en los últimos años. Se trata de unas 3.000 compañías, entre ellas algunas de las más importantes del Ibex, que abandonaron la comunidad en 2017 por la incertidumbre generada por el ‘procés’ y una posible declaración unilateral de independencia.

Las condiciones para el regreso de las corporaciones

El texto del pacto, firmado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y por el secretario general de Junts, Jordi Turull, dice que se abordarán los elementos esenciales de un plan para incentivar el regreso de estas corporaciones. Sin embargo, no especifica qué medidas se tomarán ni qué plazos se manejan. Tampoco aclara si el plan contará con el consenso de las propias empresas, que hasta ahora no han mostrado interés en volver a Cataluña.

Foment del Treball, la principal patronal catalana, ha valorado positivamente la intención del acuerdo, pero ha advertido que para atraer de nuevo a las grandes empresas se necesita «estabilidad y seguridad jurídica para favorecer un clima social y económico que promueva la confianza necesaria para atraer inversiones y mejorar la productividad del país». En este sentido, el mismo pacto de investidura abre la puerta a negociar un posible referéndum, lo que podría mantener la amenaza de una ruptura unilateral con España.

Las empresas que se fueron de Cataluña

Entre las empresas que trasladaron sus sedes sociales de Cataluña a otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia se encuentran gigantes del Ibex como Cellnex, Colonial, Caixabank, Naturgy o Banc Sabadell. Estas compañías argumentaron que su decisión respondía a la necesidad de proteger los intereses de sus clientes, accionistas y empleados ante la situación política catalana. Caixabank y Naturgy descartaron hacer comentarios al respecto, mientras que el Sabadell es rotundo: «El asunto no está encima de la mesa».

Estas corporaciones son también algunas de las que más contribuyen al fisco español con sus impuestos. Caixabank pagó 1.041 millones de euros en Impuesto de Sociedades el año pasado solamente en España, después de registrar unos beneficios antes de impuestos de 3.643 millones en territorio español. Naturgy abonó 379 millones de euros en el mismo concepto, tras obtener unas ganancias antes de impuestos de 2.546 millones en todo el mundo. Banc Sabadell, por su parte, ingresó al Estado 270 millones de euros en impuesto sobre beneficios por su actividad en España, que le reportó unos beneficios brutos de 1.021 millones.

La reclamación de un concierto económico

Otro de los puntos del acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts per Catalunya tiene que ver con la financiación de la comunidad. El partido del expresident Carles Puigdemont propone modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónoma (LOFCA) para establecer una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña.

Se trata de una reclamación histórica del nacionalismo catalán, que aspira a tener un régimen similar al del País Vasco y Navarra, donde la recaudación íntegra de los tributos es responsabilidad de sus administraciones. De esta forma, Cataluña tendría potestad para legislar sobre los impuestos estatales, como el IRPF, el IS o el IVA, y acordaría con el Estado una cantidad a abonar a cambio de los servicios prestados por la Administración General del Estado.

Según datos del Ministerio de Hacienda recogidos por el Institut de Estadística de Cataluña, los catalanes pagaron 49.434 millones de euros en tributos estatales, de los cuales 21.189 corresponden al IRPF, 6.201 millones al IS y 17.671 más en IVA. Con un concierto económico, la Generalitat podría disponer de estos ingresos y decidir sobre la fiscalidad de los ciudadanos y empresas catalanas.



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