La Fundación La Caixa, heredera de la antigua caja de ahorros catalana, se ha convertido en el objetivo de las fuerzas independentistas de Cataluña, que han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les ceda el control de su supervisión y vigilancia. Esta demanda forma parte de las condiciones que ERC y Junts han planteado para apoyar la investidura de Sánchez, que se encuentra en plena negociación.
Esta petición ha generado una gran alarma en el sector financiero y en los organismos reguladores, ya que supondría un retroceso al modelo anterior de las cajas de ahorros, que estaban sometidas a la influencia política de las comunidades autónomas y que acabaron en una grave crisis que obligó a su reestructuración y saneamiento.
Un cambio legal que choca con el BCE
Para que la Generalitat pudiera asumir el Protectorado de la Fundación La Caixa, el Gobierno tendría que modificar la Ley 26/2013, que estableció que las fundaciones bancarias con un ámbito de actuación superior al de una comunidad autónoma estarían bajo la tutela del Ministerio de Economía, salvo la excepción de la Fundación Kutxa. El Banco de España, por su parte, se encarga de supervisar la solvencia y la relación con las entidades financieras de las fundaciones.
Este cambio legal no solo afectaría a la Fundación La Caixa, sino que podría abrir la puerta a que otras comunidades autónomas reclamaran el mismo trato para las fundaciones de su territorio, como indican fuentes próximas a las fundaciones. Esto iría en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE), que es el responsable de controlar a los bancos participados por las fundaciones y que se opone a cualquier forma de politización de las entidades financieras.
Fuentes oficiales del BCE y del Banco de España no han querido hacer comentarios al respecto, pero fuentes cercanas a los supervisores han señalado que el BCE podría pronunciarse en caso de que la exigencia de los independentistas se materializara en una reforma legal. "Sería volver al modelo politizado que llevó al sumidero a 40 de las 45 antiguas cajas contra el criterio de los supervisores y los reguladores", advierten desde las antiguas cajas.
Un poder de influencia estratégico
La Fundación La Caixa no es una fundación cualquiera. Se trata de la principal heredera de las antiguas cajas de ahorros, que logró sobrevivir a la crisis de 2007 gracias a su gestión profesional y alejada de la política. A través de su brazo inversor, Criteria, posee una cartera de participaciones empresariales de gran relevancia en el Ibex 35.
Entre ellas, destaca el 32,24% de CaixaBank, el mayor banco español tras la fusión con Bankia, y el 9,10% del Grupo Financiero Inbursa, propiedad de la familia mexicana Slim. También tiene una presencia significativa en Telefónica, donde forma parte del núcleo duro de accionistas nacionales junto a BBVA, con un 4,36%, y en Naturgy, donde controla el 26,71%. Además, posee un 4,36% de Cellnex, la empresa líder en infraestructuras de telecomunicaciones en Europa.
Estas participaciones le otorgan un poder de influencia decisivo en empresas estratégicas para España, que podrían verse afectadas por el eventual traspaso de la supervisión de la Fundación La Caixa a la Generalitat. El mundo de las antiguas cajas observa con recelo las negociaciones para la posible investidura de Sánchez, que podrían suponer el primer cambio brusco desde la reforma de 2013.
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