Por Silvia Monteagudo
Un expiloto venezolano radicado en Miami se ha visto envuelto en una polémica por supuestamente utilizar mecanismos para sortear las sanciones de EE.UU. a los vuelos con Venezuela, en beneficio de su negocio. Además, se le acusa de amenazar de muerte a un empresario rival en el sector. Por otro lado, bandas delictivas estarían aprovechando servicios de envío puerta a puerta entre ambos países para traficar con camionetas hurtadas y armas, generando jugosas ganancias. Aquí se revelan algunos de los entramados que se tejen entre Estados Unidos y Venezuela, al amparo de vacíos legales y corrupción, así como historias de venezolanos envueltos en actividades ilegales que utilizan los servicios de empresas de envíos marítimos y aéreos entre Florida y Venezuela en favor de sus actividades de tráfico ilegal.
Un expiloto venezolano, dueño de una aerolínea de carga en Miami, envuelto en negocios turbios y amenazas de muerte
Un expiloto civil venezolano, que posee una aerolínea de carga en Miami, se encuentra en el centro de una polémica por sus negocios y conflictos con un empresario rival. El expiloto, que trabajó para una aerolínea venezolana que ya no existe, ha utilizado diversos mecanismos para evadir las sanciones que impiden los vuelos directos entre Estados Unidos y Venezuela, y que han afectado a su compañía.
El traslado de la carga entre Miami y Venezuela
Según el relato de una persona familiarizada con el asunto, la aerolínea del expiloto se dedica al envío de encomiendas entre Florida y Venezuela, y para ello ha recurrido a una estrategia que involucra a varios países. La compañía contrató un avión en Colombia, que se encarga de transportar la carga desde Miami hasta Panamá, donde se realiza un cambio de aeronave. El segundo avión lleva la carga hasta Colombia, donde recoge otro lote de encomiendas, y luego continúa su viaje hasta Venezuela, aterrizando en el aeropuerto de Valencia o Maiquetía.
La rivalidad comercial y las amenazas de muerte
El expiloto, que tiene el hábito de asistir a lugares públicos y reuniones a beber unos tragos, ha tenido enfrentamientos con un empresario rival, de nombre José Manuel Calvo, que compite con él en el sector del transporte de carga. En una ocasión, el expiloto habría amenazado de muerte a Calvo, y sus palabras habrían quedado registradas en un audio. Aunque el audio no ha sido entregado a las autoridades federales, se cree que podría ser una prueba suficiente para iniciar un proceso judicial y enviar a la cárcel al expiloto, dueño de la aerolínea de carga.
El negocio ilícito de las camionetas hurtadas
El envío de carga entre Estados Unidos y Venezuela parece dar para todo. Un grupo de delincuentes venezolanos, originarios de Maracaibo, estado Zulia, ha desarrollado un lucrativo negocio ilícito que involucra el robo y la exportación de camionetas Toyota 4Runner de modelos recientes. Algunos de los sujetos residen en Texas, pero viajan frecuentemente a otras localidades estadounidenses, como Ohio, Nueva York o Chicago, donde se dedican a hurtar los autos.
El truco del VIN number
Para burlar a las autoridades, los malhechores utilizan un truco que consiste en cambiar el VIN de las camionetas hurtadas. El Vehicle Identification Number (VIN) o número de chasis es un serial que identifica a cada automóvil y que contiene datos como el fabricante, la planta, el año de producción, el modelo y el tipo de motor. Este serial está en una placa metálica que se ubica detrás del vidrio o frente al conductor.
Los delincuentes compran camionetas chatarra o destruidas en lugares donde venden piezas o partes de automóviles usados, conocidos como chiveras. De estas camionetas extraen el VIN y se lo colocan con gran precisión a las camionetas hurtadas, quitándoles el original. De esta manera, pueden tramitar títulos de propiedad originales o títulos azules para las camionetas hurtadas, simulando que son camionetas que compraron legalmente.
El destino final: Venezuela
Una vez que tienen los títulos de propiedad, los delincuentes envían las camionetas hurtadas a Venezuela, utilizando servicios de envíos marítimos. Se trata de camionetas Toyota 4Runner de los años 2020, 2021, 2022 o 2023, que tienen una alta demanda en el mercado venezolano. Así, los delincuentes obtienen grandes ganancias por su negocio ilícito, aprovechando la falta de seguimiento constante de los seriales de la carrocería y de los motores de los vehículos por parte de la policía estadounidense.
Este es el modus operandi de ciertos venezolanos, varios de ellos procedentes de la ciudad de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, que han encontrado una forma de delinquir en Estados Unidos, perjudicando a los propietarios legítimos de las camionetas y al sistema legal del país.
Los Montell, entre armas y municiones
El ciudadano venezolano José Ángel Montell, quien desde los años 90's se dedicaba a la venta de armas en Venezuela, fue detenido hace más de una década en Estados Unidos por un delito federal de comercialización de armas. Montell utilizó una empresa de encomiendas en Florida para enviar armas a Venezuela, que terminaron en manos de grupos guerrilleros en la frontera con Colombia, según una persona familiarizada con el asunto.
José Ángel Montell
Un asesinato bajo el argumento de defensa propia
José Ángel Montell trabajaba para una empresa en Caracas denominada Inversiones Iaseteca, propiedad de un teniente del Ejército retirado llamado Juan Carlos González, que se especializaba en el ámbito de la seguridad y la venta de armas. González había trabajado el área de armamento y artillería en el Ejército venezolano antes de instalar su propio negocio.
Una persona familiarizada con el caso asegura que en los años 90's, José Ángel Montell vendió unas pistolas a unos clientes, pero un socio que tenía se quedó con el dinero y no le pagó su parte. Esto provocó una discusión entre ambos en la sala de conferencias de la compañía, donde José Ángel Montell le disparó al socio deudor y le causó la muerte.
El abogado que defendió a José Ángel Montell fue el exfiscal Juan Carlos Gutiérrez, quien años más tarde y en otras circunstancias, fue abogado del político opositor Leopoldo López, quien ahora reside en España. José Ángel Montell alegó defensa propia y que la víctima, el ciudadano Manuel José Perdomo, estaba supuestamente ebrio. Así logró ser absuelto de los cargos que le fueron imputados por el delito de homicidio intencional.
Un negocio ilegal y una operación encubierta
José Ángel Montell tiene un hijo ciudadano estadounidense, fruto de su primer matrimonio. Gracias a eso, Montell viajó a Estados Unidos hace unos años. Allí, aprovechando sus contactos en Venezuela, empezó a comprar revólveres, pistolas y fusiles y los enviaba a través de la compañía Excel Express Cargo Corp., con sede en Medley, Florida. Se trata de una de las varias compañías que se dedican a enviar carga a Venezuela, mientras que otras se ubican en Doral, por la cercanía al aeropuerto de Miami.
En agosto de 2006, el gobierno estadounidense prohibió la exportación de artículos de defensa y servicios a Venezuela bajo una sección de la Ley de Control de Exportación de Armas. Por tanto, Montell estaba cometiendo un delito federal al enviar las armas sin una licencia ni una notificación a la compañía de envíos sobre el verdadero contenido de los paquetes.
Lo que Montell no sabía era que un agente federal encubierto de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) lo había contactado para hacer un negocio de exportación de armas a Venezuela, como parte de una operación que buscaba detenerlo. Montell aceptó la propuesta y empezó a hacer negocios con el agente federal encubierto. En una de esas transacciones, Montell fue detenido por las autoridades estadounidenses.
Un destino incierto y una empresa inocente
Las armas que José Ángel Montell enviaba a Venezuela a través de Excel Express Cargo Corp. eran recibidas por unos pilotos, amigos de Montell, que se encargaban de llevarlas a la frontera con Colombia. Allí, las armas eran entregadas a la FARC y al ELN, dos grupos guerrilleros que operaban en la zona. Por este caso, Montell purgó condena en una cárcel federal de Atlanta.
Antes de su detención, Montell era socio de la firma SOLATIN LLC, con sede en Doral Florida. Mientras Montell estuvo preso, su hijo, Kevin José Montell, se dedicó a enviar electrodomésticos y otras mercancías desde Florida a Venezuela, durante alrededor de 9 meses, empleando también Excel Express Cargo Corp., la misma compañía que había utilizado su padre para enviar las armas.
Pero en el año 2013, pensando que el caso de su padre había sido olvidado, a Kevin José Montell, entonces de 24 años de edad, se le ocurrió enviar de contrabando a Caracas un total de 3,600 balas de 9 milímetros, siendo detenido junto a su madre, Yanina José Matos, por agentes de Seguridad Nacional (HSI). Ambos fueron acusados por no obtener una licencia federal para el envío y no notificar a la compañía de envíos sobre el verdadero contenido de los paquetes.
A José Ángel Montell le cancelaron la residencia en Estados Unidos y luego de cumplir condena lo enviaron deportado a Venezuela. Antes de revelarse sus respectivos casos, Excel Express Cargo Corp. no sabía que primero José Ángel Montell y luego Kevin José Montell, utilizaron sus servicios para enviar armas a Venezuela.
Una nueva empresa familiar
En la actualidad, José Ángel Montell es director de Corporación Fortitude 24, C.A., una empresa que funciona como una academia que ofrece en Caracas cursos de defensa personal, supervivencia policial, escolta armada y prácticas de tiro en su propia galería de tiro, además de otros varios servicios relacionados con la seguridad. Entre los clientes de Corporación Fortitude 24, C.A. se encuentran cuerpos de seguridad venezolanos, particulares y empresas privadas. El propio Montell funge como instructor en la academia, que dispone de acreditación por parte de la Dirección de Armas y Explosivos (DAEX) de Venezuela.
A pesar de sus problemas pasados con la justicia estadounidense, en junio de 2022, José Ángel Montell registró en Florida junto a sus dos hijos, frutos de su primer y segundo matrimonio, la CORPORACION FORTITUDE 24 CORP, actualmente inactiva.
Aunque una fuente dijo suponer que, gracias a su ciudadanía, Kevin José Montell podía estar viviendo en Estados Unidos, tras haber cumplido condena, durante 2023 Kevin ha estado activo participando en torneos de pádel en Caracas, donde ese deporte ha experimentado un auge. Además, Kevin Montell se dedica a ofrecer consejos sobre criptomonedas en las redes sociales y a participar en el negocio de su padre en Corporación Fortitude 24, C.A.
José, el medio hermano menor de Kevin y quien figura como secretario en CORPORACION FORTITUDE 24 CORP, reside en Caracas, mientras, al estilo de algunos influencers, presume en las redes de sus viajes, lujos y cuenta con varios miles de seguidores.
Tráfico ilegal en vigencia
Pero el caso de los Montell no ha puesto coto al lucrativo y peligroso negocio de tráfico ilegal de armas y municiones entre Estados Unidos y Venezuela. Otros venezolanos han seguido dedicados a la reventa de armas en su país. Los nuevos actores en el negocio se ocupan de comprar armas de fuego en el mercado negro de Estados Unidos, a precios muy bajos, y enviarlas a Venezuela de forma clandestina, aprovechando los servicios de empresas de envíos marítimos y aéreos puerta a puerta. Luego, las venden a las mafias delictivas que operan en las cárceles y en las calles, obteniendo ganancias exorbitantes.
Los fusiles preferidos por las mafias
Según el relato de una persona familiarizada con el tema, los revendedores venezolanos pueden conseguir en Estados Unidos, a través de intermediarios, lotes de fusiles AK-47 y AR-15, que son los más demandados por las mafias en Venezuela. Los AK-47 los compran entre 200 y 350 dólares por unidad, mientras que los AR-15 pueden costar hasta 500 dólares. Estos últimos son más caros porque han sido modificados para ser más compactos y fáciles de ocultar, lo que los hace más atractivos para los delincuentes que quieren portar fusiles de calibre 223 o 556 sin llamar la atención.
El método de envío y la ganancia
Para enviar las armas a Venezuela, los revendedores las ocultan en cajas de artículos comunes, como televisores o muebles desarmables, y las despachan desde Florida, en muchos casos sin que las empresas de envío se percaten del contenido ilegal. Una vez que llegan a Venezuela, las comercializan entre 6 y 8 mil dólares por cada fusil, lo que les genera una ganancia enorme. Por ejemplo, si compran 40 fusiles AK-47 a 300 dólares cada uno, y los venden a 7 mil dólares, obtienen un beneficio de 268 mil dólares, menos gastos de envío, que se calcula, no alcancen ni siquiera los 8 mil dólares.
Los pranes, los principales clientes
Según una fuente de Florida consultada, ligada a la investigación federal, los principales clientes de los revendedores de armas en Venezuela, son los pranes, líderes de las mafias que controlan el poder y la violencia dentro de los recintos penitenciarios. Los pranes usan las armas para imponer su autoridad, extorsionar, amenazar y asesinar a otros reclusos, así como para coordinar acciones delictivas fuera de las cárceles, con la complicidad de funcionarios corruptos.
La relación entre Estados Unidos y Venezuela, más allá de los lazos migratorios, familiares y culturales, también tiene una faceta oscura que involucra actividades delictivas transfronterizas. Los casos expuestos revelan que aún están en vigencia peligrosos negocios ilícitos, que se amparan en vacíos legales, corrupción y la impunidad que otorgan las distancias geográficas.
Si bien las autoridades norteamericanas han logrado desmantelar algunas de estas redes criminales, quedan cabos sueltos y surgen nuevos actores dispuestos a asumir los riesgos con tal de obtener jugosas ganancias. Mientras existan incentivos económicos, demanda en Venezuela y esquemas logísticos que permitan sortear los controles, es probable que estas actividades ilegales ligadas al contrabando, la extorsión y el tráfico de armas y vehículos hurtados, se mantengan activas, alimentando espirales de violencia y corrupción a ambos lados de la acera. De momento, solo una pequeña fracción de la mercancía de contrabando logra ser incautada por las autoridades en Estados Unidos y Venezuela.
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