Giraldie Aguilar Lozada, el autoproclamado "Rey del Coleo" en Estados Unidos, acusado en Venezuela de tratar de torcer la justicia tras defraudar a su socio en ICM Proyectos 2001, C.A.

Giraldie Aguilar

Por Eunice Olmo
Opinión

La empresa ICM Proyectos 2001, C.A., prestadora de servicios a PDVSA, ha sido escenario de un litigio judicial entre sus dos socios: Jesús Alberto Pérez Oropeza y Giraldie Jesús Aguilar Lozada. El motivo de la disputa es el fraude cometido por Giraldie Aguilar Lozada, quien se apropió de manera ilegal de casi la totalidad de las acciones de la empresa, perjudicando así a su socio y a la propia compañía. Partes de los detalles del caso han podido conocerse a través del abogado Oswaldo Escalante, representante de Pérez Oropeza, y en las pruebas que obran en el expediente.

Los delitos cometidos y sus cómplices

Según el testimonio de Escalante, Aguilar Lozada, con la complicidad de su madre, a quien usó como testaferro, y de otros individuos, elaboró actas de asambleas falsas, en las que se registraron dos aumentos de su capital accionario, hasta alcanzar más del 99% de las acciones de ICM Proyectos 2001, C.A. Estas actas fueron producto de actos nulos, pues se falsificaron las firmas de los accionistas, se usurparon sus identidades y se falsearon sus declaraciones ante funcionarios públicos. Además, se comprobó que los accionistas no se encontraban en Venezuela para el momento de la supuesta celebración de las asambleas, ya que viven en el extranjero desde el año 2016.

Estos hechos fueron denunciados por Pérez Oropeza, quien se vio afectado por el fraude de su socio, y fueron investigados por la Fiscalía Nonagésima Cuarta (94) con competencia nacional, la cual determinó la comisión de diversos delitos, tales como falsificación de firmas, falsa atestación ante funcionarios públicos, corrupción de funcionarios públicos, usurpación de identidad, concierto para delinquir, entre otros. Estos delitos fueron verificados mediante experticias técnicas realizadas por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y otros órganos competentes, cuyos resultados constan en la causa.

GIraldie Jesús Aguilar Lozada posee el 70 por ciento de las acciones, y Jesús Alberto Pérez Oropeza tiene el 30 por ciento. El primero habría cometido ilícitos penales para arrebatarle al segundo más del 90 por ciento de su participación accionaria, dejándolo con apenas un poco más del uno por ciento.

Según la denuncia presentada por Pérez Oropeza, Aguilar Lozada habría convocado y celebrado una asamblea de accionistas sin su conocimiento ni consentimiento, en la que se modificó el capital social de la empresa y se le asignó una cantidad ínfima de acciones. Para ello, habría falsificado su firma, así como documentos y actas que avalaban la supuesta asamblea. Además, habría contado con la complicidad del abogado Alejandro Terán Martínez.

El conflicto entre los socios de ICM Proyectos 2001 C.A. tomó un nuevo giro cuando intervino el juez José Macsimino Márquez García, quien se desempeñaba como suplente del Juzgado Especial Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en casos vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional. Este juez, que hoy se encuentra detenido, habría violado el Código Orgánico Procesal Penal y otras normas que garantizan el debido proceso, al revocar las medidas cautelares que había dictado la jueza titular a favor de Pérez Oropeza, de los trabajadores y del patrimonio de la empresa. Márquez García habría actuado a solicitud de Terán Martínez, el abogado defensor de Aguilar Lozada, quien pretendía desviar las causas que dieron origen al litigio entre los socios.

La actuación del abogado "Escaparate" Terán Martínez

Ante la evidencia de los ilícitos cometidos por Aguilar Lozada y sus cómplices, su abogado defensor, Alejandro Terán Martínez, apodado "Escaparate" por su mala reputación en la región guayanesa, ha intentado desviar la atención del caso, politizándolo y difundiendo falsedades e injurias contra Pérez Oropeza y su representante. Entre las mentiras que ha propagado, se encuentra una carta abierta dirigida a la entonces Magistrada Presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, en la que afirma que el conflicto entre los socios de ICM Proyectos 2001, C.A. es "netamente mercantil" y que no hay víctimas ni imputados. Además, ha llegado al extremo de insinuar que el resultado del litigio podría afectar el funcionamiento de PDVSA, lo cual es una locura y una fantasía.

Alejandro Terán Martínez

"Escaparate" Terán Martínez no tiene autoridad moral ni jurídica para hacer tales afirmaciones, pues su historial está plagado de irregularidades y acciones erráticas. Entre ellas, se destaca el intento de solicitar un Amparo Constitucional en contra del entonces presidente Hugo Chávez Frías en el año 2001, alegando que cometió abuso de poder y que era el responsable del clima tenso entre el gobierno y la oposición. Esta solicitud fue declarada inadmisible por carecer de fundamentos lógicos. Asimismo, en el año 2000, intentó una acción de Amparo Constitucional en contra de una presunta omisión de la Asamblea Nacional y un Antejuicio de Mérito en contra del Fiscal General de la República para entonces, Javier Elechiguerra, por considerar que su gestión era "negligente y poco eficaz". Ambas acciones fueron declaradas improcedentes por el TSJ.

La restitución de la justicia y la verdad

Frente a las calumnias y falsedades de "Escaparate" Terán Martínez y su defendido, la justicia y la verdad han prevalecido en el caso de ICM Proyectos 2001, C.A. Hoy, está demostrado que Pérez Oropeza es la víctima de este affaire, y que Aguilar Lozada y sus cómplices son los responsables de los delitos cometidos. Por ello, ya fueron imputados los ciudadanos: Carlos Alberto Rondón Borges, Juan Carlos López García, Omar Betancourt, Eglianys Aryana D’lucia Revilla Guiñan, Argenis Revilla y Ana Lucia Guiñan De Revilla. Además, se restituyó plenamente la Junta Directiva Ad Hoc de la empresa, designada por el tribunal, para dar claridad al manejo administrativo de la misma, y salvaguardar los intereses de los socios, de los empleados y de la propia compañía.

Además, se descubrió que se beneficiaron irregularmente de los recursos de la empresa, con la connivencia de José Macsimino Márquez García, juez provisional designado en el juzgado que conoce la causa, quien fue apresado por su vinculación con la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Por otra parte, "Escaparate" Terán Martínez y un periodista que se ha prestado para su patraña, han quedado muy mal parados, al demostrarse que los hechos denunciados obedecían a la verdad. Por esta razón, ya fueron imputados los autores materiales de los delitos denunciados. Asimismo, según informó el abogado Ramón Enrique Ortega, quien ha venido conociendo el caso, fueron tramitadas las imputaciones de otros protagonistas de la canallada contra Pérez Oropeza, quienes se encuentran fuera del territorio de Venezuela, y pretenden evadir la justicia.

En el año 2014, la comunidad virtual hacía un llamado a las instancias gubernamentales en Venezuela para que indagaran en los acuerdos comerciales suscritos por el empresario Giraldine Aguilar y su compañía ICM Proyectos 2001. Esto se debe a que se habían identificado procesos de licitación fraudulentos y contrataciones directas en beneficio de esa empresa en Petroanzoátegui y Petrocedeño. Dichas acciones contaron con la aprobación de Pedro León, en ese entonces director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Se ha revelado recientemente nueva información acerca del caso, indicando una vez más la manipulación del sistema judicial venezolano con el propósito de evitar las consecuencias legales del fraude en la transferencia ilegal de acciones de la compañía.

Corrupción y fraude

El jurista Ramón Enrique Ortega denunció públicamente a Giraldie Aguilar, ingeniero mecánico venezolano que se autoproclama el nuevo "Rey del Coleo en USA", y a su abogado defensor, Alejandro Ramón Terán Martínez, por estar involucrados en las maniobras ilegales en el caso de la empresa ICM Proyectos 2001, C.A.

Giraldie Aguilar

Ortega afirmó que Terán Martínez, por órdenes de Aguilar, intenta imponer sus "amañados procedimientos judiciales" desde los Estados Unidos, donde se encuentra "enconchado" por su relación con el ex juez José Mascimino Márquez, uno de los exfuncionarios acusados por el caso Pdvsa-Cripto.

Según Ortega, Terán Martínez ha mantenido una estrecha comunicación y colaboración con Márquez, quien, a su petición, revocó de forma irregular y descarada las Medidas Cautelares Innominadas que protegían a la víctima y a la empresa de los manejos fraudulentos y delictivos de Aguilar y su grupo de cómplices.

Un personaje cuestionable y mentiroso

Ortega recordó que Terán Martínez ha sido señalado como autor y cómplice de diversas fechorías e irregularidades, según se evidencia en fuentes confiables disponibles en Internet. Además, dijo que Terán Martínez abandonó el país cuando se intensificaron las investigaciones sobre el sonado escándalo de Tareck El Aissami.

Asimismo, Ortega acusó a Terán Martínez de presentarse como "experto petrolero", sin tener estudios ni experiencia en esa materia, y de autodenominarse CEO de ICM Proyectos 2001, C.A., a nivel internacional, con el fin de engañar a quienes no están familiarizados con el tema. Ortega advirtió a la sociedad en general de tener precauciones al escuchar el nombre de este individuo, quien ha demostrado ser una figura nada confiable y con resultados muy nefastos para sus víctimas.

Ortega también se refirió a Giraldie Aguilar, quien reside en Texas, Estados Unidos, y es dueño en Venezuela de la caballeriza Baticueva Ranch, ubicada en Altagracia De Orituco, estado Guárico. Aguilar es miembro de la Federación Venezolana de Coleo y ahora también se desempeña como supuesto dirigente de la American Coleo Association, nueva agrupación deportiva del coleo en los Estados Unidos, donde es identificado como "Giraldi Aguilar".

Giraldie Aguilar

Según Ortega, Aguilar ha empezado a protagonizar actos reñidos con la moral y buenas costumbres en territorio estadounidense, los cuales contribuyen a dejar en muy mal concepto el gentilicio venezolano. Ortega dijo que Aguilar, basado en una sarta de mentiras e historias inventadas, sigue intentando, vía remota, torpedear el caso que se lleva en el Ministerio Público venezolano contra él, y que está procurando, nuevamente, distorsionar la buena fe de algunos personajes importantes de la política nacional, ordenando hacer "lobbies" en diferentes instituciones públicas, con la finalidad de que se desestimen las acciones que existen en su contra.

Ortega comparó a Terán Martínez con "El hombre del peluquín", un infame y conocido personaje de la telenovela venezolana "Por estas calles", al que se le menciona así en los pasillos del Palacio de Justicia del Área Metropolitana de Caracas, por su falta de ética y profesionalismo. Ortega expresó su indignación por las irregularidades cometidas por Aguilar y Terán Martínez y pidió que se les aplique todo el peso de la ley.

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