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Hermanos De Grazia, accionistas de Bancamiga, sospechosos del asesinato en Venezuela del parlamentario Aldrin Torres y su esposa en 2018

hable.se martes, abril 30, 2024


Aldrín Torres (izq.) y los hermanos Carmelo, Daniel y Levin De Grazia (der.)

Por Eloisa Suárez

En el estado Bolívar, en Venezuela, la familia de empresarios De Grazia ha estado envuelta desde hace años en una trama de negocios turbios, que la ha convertido incluso en sospechosa de un crimen atroz. Los hermanos De Grazia, conocidos por su notable crecimiento patrimonial desde el año 2010, habían extendido sus tentáculos a diversos ámbitos, que incluían, según denuncias, desde la explotación ilegal de oro hasta la trata de personas.

El exdiputado Américo De Grazia y sus sobrinos Carmelo, Daniel y Levin fueron señalados por el legislador chavista Aldrin Torres, quien presentó denuncias detalladas sobre sus "negocios ilegales". Según Torres, la familia De Grazia utilizaba su influencia política para facilitar la movilización de oro y dinero en efectivo, contando con la complicidad de una entidad bancaria, Bancamiga, presidida por Carmelo De Grazia Suárez.


Américo De Grazia

Según la denuncia del parlamentario regional, el exdiputado Américo De Grazia había utilizado su inmunidad parlamentaria para facilitar la movilización de oro y dinero en efectivo, gracias a las facilidades prestadas por el banco Bancamiga. Torres también señaló que De Grazia estaba presuntamente relacionado con el "suministro de equipos de trabajo a los mineros, contrabando de combustible y trata de mujeres para actividades de prostitución en las zonas de extracción de oro", según la plataforma de periodismo de investigación La Tabla.

Además, Torres advirtió sobre una supuesta masacre en la zona minera que podría tener como objetivo "bloquear la intervención del Estado en la explotación minera artesanal", tras la modificación de la normativa legal en el mes de diciembre de 2017 y la promulgación del Arco Minero. La violencia armada de grupos paramilitares en la zona se había iniciado en 2011, luego de que el gobierno de Hugo Chávez revocara las concesiones de algunas empresas transnacionales mineras.

Además de la extracción y comercialización irregular de metales preciosos, los De Grazia también incursionaron en la venta de alimentos, restaurantes, una farmacia y, de manera inquietante, según las denuncias, en la trata de mujeres destinadas a la prostitución en las zonas mineras. Su imperio económico se extendía incluso más allá de las fronteras venezolanas, con participaciones en al menos 15 compañías registradas en el estado de Florida, Estados Unidos.

La denuncia de Torres no cayó en saco roto, pero su valentía le costó un precio muy alto. En agosto de 2018, él y su esposa fueron asesinados, con sus cuerpos quemados y desaparecidos, en un acto que se atribuyó a los mismos grupos delictivos que había denunciado. Los restos de Torres y su esposa fueron hallados el 11 de agosto de ese año, tras haber desaparecido el 1 de ese mes. Antes de que los cuerpos fueran encontrados, el propio Américo De Grazia culpó a "mafias" vinculadas a la empresa minera estatal Minerven.

Las denuncias revelaron que la familia De Grazia tejió, tal parece, una intrincada red de corrupción y criminalidad, aprovechando su influencia política y económica para enriquecerse a costa de la ley y la vida de quienes se atrevían a desafiarlos. Su legado ha quedado manchado por las sombras de la avaricia y la violencia, convirtiéndolos en un símbolo del poder desenfrenado y la impunidad reinante.

Detención de los hermanos De Grazia por la trama Pdvsa-Cripto

El jueves 19 de abril de 2024, un golpe contundente sacudió al imperio empresarial de la familia De Grazia. Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, los accionistas mayoritarios del banco Bancamiga, fueron detenidos en Caracas por sus presuntos vínculos con la trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto.

Esta operación, confirmada días después por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), representa un giro inesperado para los hermanos De Grazia, quienes habían construido un imperio que abarcaba cadenas de restaurantes en Estados Unidos y prominentes donaciones filantrópicas en su lugar de origen, Upata.

Sin embargo, las acusaciones en su contra son graves y podrían marcar el final de su reinado empresarial. Se les imputan cargos de traición a la patria, distracción de fondos públicos, aprovechamiento de influencias indebidas, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Todos estos delitos se enmarcan en su presunta participación en el escándalo de Pdvsa-Cripto, una trama que habría desviado la asombrosa suma de 16.600 millones de dólares de los fondos de la estatal petrolera venezolana.

Los hermanos De Grazia se unen así a una lista de figuras prominentes encarceladas por este caso, incluyendo al exministro de Petróleo Tareck El Aissami, el empresario Samark López Bello y el exministro de Economía Simón Alejandro Zerpa.

A pesar del revuelo causado por la detención de sus principales accionistas, Sudeban se apresuró a asegurar que las operaciones de Bancamiga continuarían con normalidad. Esta afirmación, realizada poco después de la captura de los De Grazia, busca calmar los temores de los clientes y mantener la estabilidad del sector financiero.

Mientras tanto, la caída de los hermanos De Grazia representa un duro golpe para su imperio empresarial y es otro ejemplo de que ningún poder económico está por encima de la ley. Su destino ahora depende de la justicia venezolana y de la resolución del caso Pdvsa-Cripto.


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