El Ministerio Público de Venezuela ha destapado un entramado de corrupción que salpica a diversas figuras, entre ellas, Jorge Alberto Hernández Fernández, reconocido por ser el dueño del equipo Guaros de Lara. Junto a él, Venice Josefina Blanco García y Jhony Mendoza, antiguos empleados del organismo fiscalizador, han sido señalados por su presunta participación en actividades ilícitas. Las acusaciones formales, que se centran en una supuesta negligencia deliberada y el abandono de responsabilidades, fueron agendadas para ser presentadas el pasado lunes 25 de marzo.
Tarek William Saab, fiscal general de la República, ha sido quien ha dado a conocer estos hechos. A través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, Saab ilustró cómo Hernández Fernández, también expresidente de la Liga Profesional de Baloncesto, habría intentado valerse de su relación con Blanco García, exjefa de la Unidad de Atención a la Víctima, y Mendoza, exfiscal, para influir en el cierre de dos pesquisas que le afectaban directamente.
La trama de Teixeira Duarte y la construcción portuaria
El escándalo toma raíces en investigaciones que datan, al menos, del 2022, cuando se comenzó a indagar si la empresa constructora portuguesa Teixeira Duarte había efectuado pagos millonarios a funcionarios venezolanos con el fin de asegurarse un contrato para la modernización y gestión en Venezuela del puerto de La Guaira. El diario "El Nuevo Herald" de Miami fue quien, en marzo de 2022, destapó la información, revelando que la constructora habría canalizado pagos a través de entidades fantasmas para obtener contratos que incluían la ampliación del mencionado puerto, la edificación de una carretera y el manejo del puerto marítimo por dos décadas.
El periódico estadounidense resaltó que algunos de los funcionarios investigados residían ya entonces en suelo estadounidense. En un intento por conseguir declaraciones, "El Nuevo Herald" no logró obtener respuestas ni del empresario Hernández Fernández ni de Cedric Aguet, abogado suizo representante de Hernández, ni de la propia Teixeira Duarte.
Documentos y testimonios reveladores
La acusación se apoya en una serie de documentos que cayeron en manos de los fiscales venezolanos. Entre estos, figura una carta confidencial de 2017 donde Aguet expone a Teixeira Duarte "el alcance del supuesto esquema". De acuerdo con estos documentos, y apoyados por testimonios como el del abogado venezolano Vicente Muñoz, Hernández habría actuado como un conector para las concesiones, organizando partes significativas de la operación y gestionando pagos tanto hacia su persona como hacia los funcionarios implicados, usando para ello empresas de fachada.
La misiva del abogado suizo revelaba que Hernández tenía un acuerdo que le otorgaba un 6 % de la totalidad de los ingresos del proyecto portuario, una suma considerable que, según se amenaza en la carta, debería saldarse para evitar la intervención de las autoridades.
Muñoz, por su parte, aportó a la investigación datos sobre cómo Hernández y los representantes de Teixeira Duarte en Venezuela presuntamente habrían corrompido a funcionarios del Estado venezolano y de la empresa Bolipuertos S.A., en el marco del proyecto de construcción y modernización del Puerto de la Guaira, utilizando para ello sociedades offshore manejadas por intermediarios.
La ampliación de las instalaciones portuarias, que incluyó la construcción de una nueva terminal, se culminó en 2015. Según los documentos inspeccionados por "El Nuevo Herald" y en poder de los fiscales, Teixeira Duarte canalizó "decenas de millones" a través de "empresas de maletín" constituidas con el propósito específico de facilitar el flujo de capital ilícito, varias de ellas con sede en Panamá.
En este contexto, Perluce Trading Limited, con sede en Malta, desempeñó un rol fundamental en el presunto entramado de corrupción, recibiendo pagos por servicios que nunca se prestaron a Teixeira Duarte, según se desprende de los documentos suministrados a los fiscales.
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