Los tentáculos de la justicia española han puesto la lupa sobre José Roberto Rincón Bravo, vástago del acaudalado empresario venezolano Roberto Rincón. Las pesquisas apuntan a un presunto entramado de blanqueo de capitales, en el que el hijo del magnate habría jugado un rol protagónico. La operación policial que desembocó en su detención el pasado viernes 5 de mayo se enmarca en una investigación bajo secreto de sumario instruida en la Audiencia Nacional.
No es la primera vez que Rincón Bravo se encuentra en el punto de mira de las autoridades. En un informe previo relacionado con el caso PDVSA, la misma unidad policial que lo arrestó recientemente ya había señalado su presunta implicación en un desfalco multimillonario. Sus huellas, al parecer, conducen a un desvío de 80 millones de dólares de las arcas de la joya petrolera venezolana.
En esta ocasión, no camina solo. Una mujer de nacionalidad venezolana, Carmen Julia Pérez Gómez, también está siendo investigada por su aparente participación en el desvío de más de 7 millones de euros a través de una cuenta bancaria en suelo español. Las sospechas apuntan a los delitos de cohecho internacional, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.
El historial de Rincón Bravo no es precisamente inmaculado. En el año 2018, las autoridades españolas ya lo habían detenido, en un episodio que involucró al exjefe de Seguridad de PDVSA, Rafael Reiter. En aquel entonces, se indagó sobre la compra de una propiedad en España por parte de Reiter, presuntamente adquirida con fondos mal habidos procedentes de la venta de una mansión en Florida, Estados Unidos, que habría recibido como soborno del propio Rincón Bravo.
Las conexiones de este empresario con altos cargos del Gobierno bolivariano son bien conocidas. Sus vínculos con el exmilitar venezolano Said Cabrera Abraham, por ejemplo, han sido ampliamente documentados. Mientras Cabrera ejercía funciones públicas, los Rincón se adjudicaron un lucrativo contrato para la venta de vehículos a Bariven, una filial de PDVSA.
En aquel trato, según los informes policiales, la empresa de los Rincón habría comprado los vehículos por 1,9 millones de dólares y los revendió a Bariven por 2,8 millones, obteniendo un beneficio neto de 881.786 dólares, una rentabilidad del 46,04%. Un "sobrecoste excesivo", en palabras de los investigadores, que apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato.
La sombra de la corrupción se extiende aún más. El propio Roberto Rincón Fernández, patriarca del clan, se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses en 2016 por el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA a cambio de contratos para empresas de su familia.
En esta nueva trama, las autoridades sospechan que parte de los fondos desviados podrían haber sido canalizados a través de empresas vinculadas a exfuncionarios de la administración pública venezolana. Una intrincada red que, al parecer, habría utilizado España como "jurisdicción intermediaria" antes de desviar parte del dinero a Las Bahamas.
Tras su comparecencia ante el juez Joaquín Gadea de la Audiencia Nacional, Rincón Bravo y Pérez Gómez han sido puestos en libertad provisional, con la obligación de no abandonar el territorio nacional y comparecer quincenalmente ante el tribunal.
La investigación continúa su curso, desentrañando los hilos de una trama que parece haber alcanzado proporciones internacionales. Una vez más, los tentáculos de la corrupción venezolana se extienden más allá de sus fronteras, poniendo a prueba la capacidad de la justicia para desmantelar estas intrincadas operaciones de blanqueo de capitales.
Antecedentes: desfalco de 80 millones de dólares en PDVSA
Los hilos de la madeja que ahora enreda a José Roberto Rincón Bravo se remontan a un episodio previo que dejó al descubierto las presuntas andanzas delictivas de este empresario y su clan familiar. Un informe policial previo, elaborado en el marco del caso PDVSA, ya había puesto el foco sobre Rincón Bravo y su presunta implicación en un desfalco multimillonario que habría sangrado las arcas de la otrora joya de la corona petrolera venezolana.
Aquel documento, como un faro en la oscuridad, arrojó luz sobre un entramado que involucró a Rincón Bravo y a Carmen Julia Pérez Gómez, la otra ciudadana venezolana ahora investigada por su aparente papel de testaferro en esta nueva trama. Los tentáculos de la corrupción se extendían entonces, como ahora, más allá de las fronteras venezolanas.
En aquel entonces, la lupa se posó sobre una operación sospechosa en la que Plymouth Overseas C.A., una empresa constituida por Pérez Gómez y el exmilitar venezolano Said Cabrera Abraham, habría obtenido un jugoso contrato de 80 millones de dólares para implementar un sistema de videovigilancia promovido por PDVSA. Un pelotazo que despertó las sospechas de las autoridades.
Según los hallazgos de aquel informe policial, parte de los fondos obtenidos de este presunto desfalco habrían sido canalizados hacia España a través de intrincadas operaciones financieras. Una transferencia de 7 millones de dólares procedente de Adar Latam High Income Fund LTD, una mercantil radicada en las Islas Caimán y vinculada a los hermanos argentinos Diego Adolfo y Sergio Gustavo Marynberg, empresarios estrechamente ligados a la administración venezolana, habría sido la punta del ovillo.
Pero no fue la única. Otra transferencia de un millón de dólares desde Tradequip C.A., una firma controlada por Roberto y José Rincón, habría engrosado los fondos que acabaron depositados en una cuenta bancaria en Lalín, Pontevedra, a nombre de Carmen Julia Pérez Gómez. Una operación que, según los investigadores, carecía de justificación aparente.
Como una metáfora del entramado que se ocultaba tras estas transacciones, el dinero no permaneció mucho tiempo en suelo español. En un movimiento orquestado, los fondos fueron rápidamente desviados a Las Bahamas en dos transferencias separadas: tres millones de dólares el 12 de mayo de 2014 y los cinco millones restantes el 20 de agosto de ese mismo año.
Este capítulo previo en el caso PDVSA no solo sirvió para identificar a algunos de los actores clave involucrados en la nueva trama que ahora se investiga, sino que también puso de manifiesto los intrincados mecanismos utilizados para desviar fondos y blanquear capitales a través de jurisdicciones offshore y empresas fachada.
Aunque aquella causa fue asumida por la Fiscalía Anticorrupción, las nuevas pesquisas que implican a Rincón Bravo y Pérez Gómez corren a cargo de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Un nuevo frente en la batalla contra la corrupción que amenaza con desentrañar aún más hilos de esta intrincada red.
Detalles de la operativa investigada: venta de vehículos a Bariven con sobrecoste
En el laberinto de transacciones sospechosas que han puesto a José Roberto Rincón Bravo en el punto de mira de la justicia española, un hilo conductor se destaca: una presunta operación fraudulenta de venta de vehículos a Bariven, filial de la otrora poderosa PDVSA, que habría generado beneficios desproporcionados para los involucrados.
Las pesquisas policiales han desenterrado una cadena de correos electrónicos que detallan esta operativa ejecutada en 2014. En ellos se revela que Maniobras Civiles INC, una sociedad aparentemente controlada por el clan Rincón y el exmilitar venezolano Said Cabrera Abraham, habría adquirido seis vehículos por un monto de 1,9 millones de dólares.
Sin embargo, lejos de contentarse con un margen de ganancia razonable, esta empresa habría revendido esos mismos vehículos a Bariven por la suma estratosférica de 2,8 millones de dólares. Una diferencia abismal que se tradujo en un beneficio neto de 881.786 dólares para los involucrados, una rentabilidad que escaló hasta el 46,04%.
Este "sobrecoste excesivo", como lo calificaron los investigadores, levantó inmediatamente las sospechas de que esta operación comercial no era más que una fachada para desviar fondos de las arcas de la empresa estatal venezolana. Y no era un caso aislado.
Los correos electrónicos incautados revelaron que la transacción de los seis vehículos formaba parte de un paquete más amplio que contemplaba la venta de 17 unidades a Bariven, todas ellas con una rentabilidad excepcionalmente elevada para tratarse, presuntamente, de una licitación pública.
Este escenario, aunado al hecho de que uno de los principales implicados era Said Cabrera Abraham, un alto cargo del gobierno de Nicolás Maduro en ese entonces, llevó a los agentes a concluir que, a través de esta operativa, se habrían desviado fondos de PDVSA de manera ilícita.
Pero la asunto no termina ahí. El propio Roberto Rincón Fernández, patriarca del clan familiar, había admitido años atrás ante las autoridades estadounidenses su participación en el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA para asegurarse contratos para las empresas de su familia. Un historial que sin duda alimenta las sospechas en torno a esta presunta trama de corrupción.
Aunque los detalles específicos de esta nueva operación investigada aún permanecen bajo el velo del secreto de sumario, los hilos que la componen apuntan a un entramado complejo en el que los Rincón y sus presuntos cómplices habrían aprovechado sus conexiones con altos cargos del Gobierno bolivariano para obtener jugosos contratos a costa de las arcas del Estado venezolano.
Una madeja que la justicia española se propone desenredar, hilo por hilo, en su afán por desmantelar esta presunta red de corrupción que habría traspasado fronteras y jurisdicciones.
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